¿Prohibición de la circulación de camiones en la AP7?

Tras las largas colas de la operación retorno del pasado lunes, por el puente de la Segunda Pascua, la Generalitat de Cataluña ha confirmado a través de su portavoz que está sopesando prohibir la circulación de camiones en la AP7 los fines de semana: la “restricción de los vehículos pesados (los fines de semana) está sobre la mesa, pero no se ha hablado con los sectores afectados”. Los transportistas ya han recriminado al Ejecutivo la necesidad de invertir más en infraestructuras y piden “dejar de criminalizar” al sector.

La polémica vecinal causada por el paso desmedido de camiones por las carreteras N-340 y la N-II propició que se obligara en 2018 a los camioneros a utilizar la AP-7, cuando aún existía el peaje. Una vez eliminado, el aumento de turismos, pero también de producción y, por ende, de vehículos de mercancías, han hecho colapsar la arteria que nutre al centro de Europa de productos procedentes tanto de Cataluña como de la huerta almeriense o murciana. 

“En la Comunidad Valenciana no existe ninguna restricción para que circulemos, y vienen camiones de Andalucía, de Murcia y de la propia autonomía”, reclama el secretario general de la patronal Fenadismer, Juan José Gil.

“No es admisible que ahora que es gratuita se les pretenda expulsar de la vía, cuando (el Govern) son los responsables del incremento del tráfico que ha experimentado”, explica Gil. Subraya, además, que realizan un “servicio público y esencial” para que las frutas, verduras, carne y otros productos no perecederos lleguen a las principales urbes de España y del continente. Algunos, como Magaña, apuntan a que se trata de un “problema político” para tapar la falta de inversiones y espera que, aunque no puedan circular por la AP-7, se les habiliten rutas alternativas, pero advierte que esto colapsaría las carreteras nacionales actuales hasta la frontera.

Por la AP7 sale aproximadamente el 60% de las exportaciones españolas a Europa a bordo de camiones, incluidos los fines de semana por lo que esta prohibición limitaría la actividad de las empresas exportadoras, puesto que no hay una ruta alternativa por la que los camiones puedan llegar a la frontera. Se limitaría la actividad en un 25%, la de las empresas de transporte y de las exportadoras.

La pregunta es ¿nos lo podemos permitir?